Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973 - 1985)

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre 1973 y 1985 y fue el período de facto originado en el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y marcado por la prohibición de partidos políticos, la ilegalización de sindicatos y la persecución y asesinato de opositores al régimen.

Antecedentes

Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas, protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales destacan los Tupamaros y fuerzas de extrema derecha, como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo protagonismo hasta que, ante la crisis social, económica y política que vivía el país, y la falta de respaldo político al Presidente de la República, deciden, con el apoyo del entonces presidente constitucional en ejercicio, Juan María Bordaberry, dar un golpe de estado.


Los sucesos de febrero de 1973

Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El ejercito y la fuerza aérea responden emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los cuales "desconocen" la autoridad del novel ministro argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas, a la vez que dan la pauta de sus intenciones de, no solo "aportar seguridad para el desarrollo nacional", sino que también participar en la "reorganización moral y material del país".
El desconocimiento del Ministro y los planteos de participación en la vida política del país, marcaron de hecho una insurrección de estas dos armas, en las cuales la Armada Nacional se mantuvo leal al gobierno. Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara el Acuerdo de Boiso Lanza, donde fácticamente le entregaba una considerable cuota de poder a los militares.


El golpe

El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas disuelve las Cámaras de Senadores y Representantes, crean un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de "proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos", restringe la libertad de pensamiento y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
En respuesta al golpe de estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) comienza la huelga más larga en la historia del país, durando 15 días.


Doce años de dictadura

En 1975 Juan María Bordaberry elaboró su nueva concepción de la vida institucional. Junto al secretario de la Presidencia, Alvaro Pacheco Seré, imaginó la creación de un órgano ejecutivo que no tuviera que ser electo por el voto popular, idea que plasmaron en un memorándum. Lo llamaron provisoriamente Consejo de la Nación y lo imaginaron integrado por personalidades tales como ex presidentes de la República, miembros de la Suprema Corte de Justicia, figuras de gran relevancia nacional y además, los mandos de las Fuerzas Armadas que no podían ser dejadas de lado. Se planteaba prescindir de las elecciones por voto popular. Los futuros Consejos de la Nación se integrarían por cooptación, es decir, por elección de quienes componían el cuerpo anterior. Unos consejos elegirían a los otros hasta el fin de los tiempos.
El 1º de junio de 1976, luego del envío de varios memorándums, Juan María Bordaberry efectuó una extensa exposición antes las Fuerzas Armadas, posteriormente entregada a éstos en un trabajo de veintinueve carillas. En éste condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Éstas eran:
• La presencia, en lo sucesivo, de los militares en la conducción de la República, institucionalizada a través de una reforma constitucional.
• La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o, indirectamente, por el Consejo de la Nación, integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
• La prohibición de las ideas y agrupaciones marxistas.
• La eliminación de la democracia representativa.
• El Presidente de la República sería electo para un período de cinco años por el Consejo de la Nación.
La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Juan María Bordaberry y las rechazaron.
El 11 de junio de 1976 se produjo en la residencia presidencial de la avenida Joaquín Suárez el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo presidencial ni éste aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política.
El general Rodolfo Zubía le pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que éste se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales bajo la firma del Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadora, le envió una carta a Juan María Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo y dando cuenta del hecho a quien hacía las veces de Vicepresidente, Alberto Demicheli.
El 12 de junio Alberto Demicheli asumió la Presidencia, quien el 1° de setiembre fue sustituido por Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asumió por un período de cinco años.
En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry ni éste renunció. Tampoco lo hizo Alberto Demicheli al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1º de marzo de 1977, fecha en la que debía terminar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron tres Presidentes de la República.
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política.
El 1° de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez.
En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.
En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo a la organizacion no gubernamental de derechos humanos SERPAJ (Servicio Paz y Justicia Uruguay), hay 140 detenidos-desaparecidos:
• 132 uruguayos
• 3 argentinos pareja de uruguayos
• 1 paraguaya pareja de uruguayo
• 4 argentinos,
de los cuales:
• 34 desaparecieron en Uruguay
• 98 desaparecieron en Argentina
• 6 desaparecieron en Chile
• 2 desaparecieron en Paraguay.
Entre los desaparecidos figuran 6 niños, 3 de ellos nacidos en cautiverio.



Consecuencias luego del regreso a la democracia

Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en el Uruguay (promulgada el 8 de marzo), entre los que había personas que habían cometido de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta forma todos los presos políticos fueron liberados. Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, pertenecientes a la justicia común, (habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley 14068 de julio de 1972), a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación.